Los Estados miembros de la UE han llegado a un acuerdo para respaldar una propuesta de ley que obliga a las grandes empresas europeas a identificar y abordar las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales en sus cadenas de suministro, según informó Reuters el 15 de marzo. 17 embajadores de 27 países de la UE apoyaron la legislación sin ningún voto en contra, lo que permitió que la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas pasara a la votación final en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la ley se ha reducido considerablemente con respecto a la propuesta original de 2022, que se aplicaba a empresas con más de 500 empleados y un volumen de negocios neto de 150 millones de euros, y ahora se dirige a empresas con más de 1.000 empleados e ingresos superiores a 450 millones de euros. Los compromisos alcanzados han sido fundamentales para obtener finalmente el voto afirmativo de Italia, cuya economía está formada en gran medida por empresas más pequeñas que tienen dificultades para aplicar auditorías de la cadena de suministro.
Introducida por primera vez en 2022, la DSCD establece obligaciones para que las grandes empresas de la UE identifiquen, evalúen, prevengan, mitiguen, aborden y remedien sus impactos negativos sobre los seres humanos y el planeta, haciéndolas responsables de los abusos contra los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos por sus socios anteriores y posteriores. El Consejo Europeo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre la CDSD en diciembre de 2023. Sin embargo, había sufrido retrasos debido a las objeciones de varios Estados miembros, entre ellos Italia y Alemania. A Alemania le preocupaba que la nueva ley supusiera una carga burocrática excesiva para las empresas y socavara su competitividad en el mercado mundial. La ley revisada sobre la cadena de suministro se aplicaría a unas 5.400 empresas, excluyendo a unas 70% de las empresas que la ley debía cubrir.
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