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Una coalición de grandes empresas de bienes de consumo, entre ellas Nestlé, Mars, Ferrero y Olam Agri, ha advertido que un retraso propuesto en la nueva regulación de la cadena de suministro antideforestación de la Unión Europea podría socavar seriamente los esfuerzos para proteger los bosques globales y crear incertidumbre para las operaciones empresariales.
Originalmente previsto para entrar en vigor el 30 de diciembre de 2025, el Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) exige a los importadores de productos como aceite de palma, soja, carne de vacuno, cacao, café, caucho y madera que demuestren que sus cadenas de suministro no contribuyeron a la deforestación. La UE está considerando ahora posponer la ley un año más, citando preocupaciones de que sus sistemas de tecnología de la información aún no están preparados para manejar los grandes volúmenes de datos que exige la regulación.
En respuesta, la coalición instó a la UE a mantener el calendario original y, en su lugar, implementar "periodos de gracia" transitorios o exenciones temporales en caso de que surjan dificultades técnicas. Argumentaron que acortar o retrasar la aplicación erosionaría la confianza del consumidor, debilitaría la confianza de los inversores y beneficiaría a los actores no cumplidores que podrían obtener una ventaja competitiva.
Estas empresas afirman que ya han invertido mucho en infraestructuras de cumplimiento, como sistemas de trazabilidad y marcos de due diligence, y están preparadas para cumplir con la fecha límite de diciembre de 2025. Advierten que abrir la regulación para la renegociación en esta etapa pondría en peligro el esfuerzo y el capital significativos ya desplegados en las cadenas de suministro globales.
El retraso propuesto ha recibido críticas tanto de la industria como de grupos conservacionistas. Algunos gobiernos y socios comerciales han presionado para obtener más tiempo, alegando que muchas naciones exportadoras carecen de los sistemas necesarios para cumplir de inmediato. Pero los defensores medioambientales argumentan que incluso un aplazamiento de un año corre el riesgo de acelerar la deforestación, especialmente en regiones tropicales vulnerables.
Si se formaliza el retraso, el calendario de aplicación probablemente cambiaría: las grandes empresas se enfrentarían a requisitos de cumplimiento a partir de diciembre de 2025, mientras que a las pequeñas se les podría permitir hasta mediados de 2026 cumplir con la ley. Mientras tanto, la controversia pone de manifiesto la tensión entre una ambiciosa regulación medioambiental y los retos prácticos de la implementación, especialmente para las cadenas de suministro transfronterizas.
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