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Seneca ESG
- 2 de septiembre de 2025
Un juez federal ha asestado un golpe decisivo al intento de Texas de regular a las firmas asesoras por poder sobre diversidad, equidad, inclusión (DEI) y asesoramiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG). El 29 de agosto de 2025, el juez federal Alan Albright en Austin emitió una orden judicial preliminar que bloqueaba la aplicación del Proyecto de Ley del Senado 2237: una nueva ley de Texas que iba a entrar en vigor el 1 de septiembre.
Firmada en junio, la legislación exigiría que los asesores por poder notificaran a los clientes que las recomendaciones basadas en DEI o ESG no sirven únicamente a los intereses financieros de los accionistas y deben ir acompañadas de un análisis financiero. Dos grandes firmas, Glass Lewis e ISS, demandaron al estado a finales de julio, argumentando que la ley violaba sus derechos de la Primera Enmienda al obligar a expresarse que se alineara con la postura ideológica del estado.
En su fallo, el juez Albright se puso del lado de los demandantes, afirmando que la ley no podía aplicarse contra las firmas de asesoría por poder mientras el caso avanzaba. La orden judicial protege a Glass Lewis y a ISS de acciones ejecutivas por parte del Fiscal General de Texas, aunque la ley más amplia sigue siendo técnicamente válida y puede aplicarse a otros despachos. Se espera que el estado considere apelaciones o una aplicación más amplia.
Glass Lewis e ISS acogieron con agrado la decisión, reafirmando su compromiso de ofrecer recomendaciones independientes y basadas en la investigación a sus clientes.
Esta batalla legal refleja el creciente debate nacional sobre consideraciones ESG y DEI en el gobierno corporativo. La ley de Texas es uno de varios intentos recientes de las legislaturas estatales de limitar cómo las firmas financieras y de asesoría incorporan factores no financieros en sus análisis. Los críticos argumentan que tales esfuerzos vulneran la libertad de expresión y dificultan la transparencia de los inversores.
Con el proceso del juicio programado para principios de febrero de 2026, el caso podría sentar un precedente crucial para determinar hasta dónde pueden llegar los estados en la regulación del asesoramiento financiero que aborda cuestiones sociales y medioambientales.
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