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by
Alexander Olding
- 30 de noviembre de 2023
El Pacto Verde Europeo lanzado por la Comisión Europea en 2019 es un conjunto de propuestas que tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y apoyar la transformación de la UE en una economía verde moderna y competitiva para 2050. Dentro de este acuerdo hay un conjunto de otras iniciativas clave como el paquete Fit for 55 que forma la columna vertebral de muchas de las revisiones legislativas de todos los sectores de la economía con el objetivo final de lograr una reducción de GEI de 55% para 2030, así como preparar la implementación del pacto verde. [1] [2] Estos esfuerzos legislativos son testimonio del fuerte compromiso demostrado por el bloque en los últimos años para lograr y liderar iniciativas de sostenibilidad.
CSRD: enfoque central en la presentación de informes
El objetivo de la CSRD es garantizar que las empresas ya no puedan elegir los temas de sostenibilidad sobre los que desean informar. Será obligatorio que todas las empresas de la UE recopilen la información de sostenibilidad requerida y presenten informes en función de sus actividades.
Dentro del sólido marco de la CSRD, el ESRS que describe los detalles de cómo las empresas deben informar su información de sostenibilidad, se espera que cuando las empresas informen sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cualquier informe deba ser auditado por un tercero, cubriendo las oportunidades y los riesgos relacionados con la sostenibilidad, los objetivos y la gestión de oportunidades. [5]
El objetivo a largo plazo del CSRD es que el capital fluya hacia empresas sostenibles, que también desempeñarán un papel importante en la estrategia de finanzas sostenibles de la región. Esto es esencial para garantizar que los objetivos del Pacto Verde Europeo sean alcanzables.
Al mejorar la profundidad de la información financiera, la CSRD permitirá a los inversores tomar decisiones mejor informadas, alineando sus opciones de inversión con el desempeño de sostenibilidad de una empresa. Una mayor transparencia con la CSRD no solo dará como resultado una evaluación más precisa de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad de una empresa, sino que también fomentará una comprensión más profunda de su impacto general.
Además, la divulgación obligatoria de cuestiones de sostenibilidad actuará como catalizador para que las empresas mejoren sus prácticas de sostenibilidad, contribuyendo al cultivo de una economía más sostenible y resiliente [10]. La incorporación de consideraciones financieras y de impacto a través del enfoque de doble materialidad dará a los inversores una perspectiva holística sobre el desempeño de sostenibilidad de una empresa. Este enfoque garantiza una comprensión matizada tanto de los riesgos financieros asociados con la empresa como de los impactos ambientales más amplios de sus operaciones.
CSDDD: Enfoque central en la debida diligencia
Una de las políticas que forman parte del Pacto Verde es la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés). La Directiva exigiría a las empresas establecer procedimientos de diligencia debida para abordar los impactos relativos de sus acciones sobre los derechos humanos y las cuestiones ambientales en todas sus operaciones, cadenas de suministro y filiales. [2] [3]
Se espera que la entidad en cuestión deba desarrollar un "plan de acción de prevención" que obtenga garantías de todos los socios comerciales directos e indirectos, quienes también deberán cumplir con los planes. [4] Si bien se prevé que la propuesta se adopte en 2024, su alineación con la Directiva de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) que entrará en vigencia en enero de 2024, reemplazando a la Directiva de informes no financieros) y otras regulaciones clave como la Taxonomía de la UE es clara.
Diferencias clave entre los dos
Si bien ambas Directivas se complementan entre sí y se hace especial hincapié en la interoperabilidad, existen diferencias fundamentales. La distinción entre la CSDDD y la CSRD radica en su enfoque y alcance, aunque ambas comparten el objetivo común de mejorar la transparencia en las cadenas de suministro de las empresas. La CSDDD exige medidas específicas de diligencia debida, obligando legalmente a las empresas a investigar y mitigar los impactos ambientales y de derechos humanos de sus operaciones a nivel mundial.
Las normas de diligencia debida propuestas obligan a las empresas a identificar y mitigar los impactos ambientales y sobre los derechos humanos en sus operaciones, filiales y cadena de valor. La Directiva describe seis pasos que se pueden observar en la figura 1, en consonancia con la Guía de diligencia debida de la OCDE para una conducta empresarial responsable. [11]
Las medidas también se extienden más allá de las fronteras de la UE y se aplican tanto a entidades de la UE como de fuera de ella, lo que garantiza una evaluación exhaustiva de las acciones dondequiera que operen. El objetivo principal es obligar a las empresas a tomar las medidas necesarias para minimizar o eliminar los efectos adversos sobre el medio ambiente y los derechos humanos.
Por otra parte, la CSRD gira en torno a un marco de presentación de informes que establece cómo deben comunicar las empresas la información sobre sostenibilidad a través de las Normas Europeas de Presentación de Informes de Sostenibilidad (ESRS, por sus siglas en inglés). Adaptada a las empresas de la UE, su énfasis radica en impulsar la transparencia y la divulgación del desempeño ESG. Al garantizar la presentación de informes consistentes y comparables, la CSRD ofrece a las partes interesadas una visión general coherente y accesible de las prácticas de sostenibilidad de una empresa.
A pesar de sus diferencias matizadas, la CDSDDD y la CDSDRD comparten una base arraigada en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Ambas directivas se alinean con estos marcos internacionales de debida diligencia, haciendo hincapié en que la adhesión a estas directrices coloca a las empresas en el camino hacia el cumplimiento de cualquiera de las dos directivas. Esta similitud subraya la naturaleza interconectada de sus objetivos, uniéndolos en un marco global más amplio para prácticas comerciales sostenibles. [6]
Los derechos humanos y los impactos ambientales contemplados en la CDSDDD
Como parte de su enfoque en la debida diligencia corporativa, la CSDDD cubre varios derechos y prohibiciones enumerados que abarcan los derechos laborales, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad de asociación, de reunión y la negociación colectiva. Si bien no se menciona explícitamente, la libertad de expresión se considera dentro de la debida diligencia para las organizaciones de medios de comunicación.
Los aspectos ambientales incluyen violaciones relacionadas con el manejo, recolección, almacenamiento, disposición y uso de recursos biológicos que afectan la biodiversidad. Las empresas que tienen más de 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros deben alinear sus modelos de negocios con los objetivos de sostenibilidad y el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París. Los riesgos relacionados con el clima exigen objetivos de reducción de emisiones en el plan. [7]
¿Quiénes están incluidos en el CSDDD?
La CSDDD establece obligaciones específicas para cuatro tipos diferentes de empresas. Todas las entidades cubiertas deben implementar medidas de diligencia debida para abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye desarrollar planes de acción de prevención, obtener garantías de los socios comerciales y asegurar el cumplimiento en todas sus cadenas de valor.
Las empresas con una facturación superior a 150 millones de euros (grupos 1 a 3) también deben alinear su estrategia empresarial con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, según el Acuerdo Climático de París. Aquellas que identifiquen el cambio climático como un riesgo o impacto principal deben integrar objetivos de reducción de emisiones en sus planes de negocio.[8]
La propuesta establece una responsabilidad de alto nivel en materia de sostenibilidad, y exige que los directores de las empresas de la UE supervisen la aplicación de la diligencia debida y su integración en la estrategia corporativa. La CSDDD amplía el deber fiduciario de los directores para incluir consideraciones de derechos humanos, cambio climático e impactos ambientales al actuar en el mejor interés de la empresa.[9]
Al adaptarse a estas directivas, las empresas pueden optimizar eficazmente sus esfuerzos de cumplimiento normativo, mejorando así su contribución al marco global más amplio de prácticas comerciales sostenibles. Sin embargo, como la aprobación de la CSDDD se avecina en 2024, tomar medidas inmediatas se vuelve crucial para las empresas que buscan desenvolverse con éxito en el intrincado panorama del cumplimiento normativo.
A pesar de que la finalización del CSDDD está pendiente, es importante señalar que es poco probable que se modifiquen aspectos clave. Esto brinda a las empresas la oportunidad de iniciar rápidamente las acciones adecuadas y prepararse de manera proactiva para el próximo CSRD programado para enero de 2024.
En cuanto al calendario de la CDSDDD, la propuesta de la Comisión Europea comenzó en febrero de 2022. Actualmente, a la espera de la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo, este proceso puede tardar hasta un año. Se prevé que la CDSDDD sea obligatoria en torno a 2025-2026. Es importante reconocer que estos plazos dependen de la aprobación satisfactoria de la propuesta por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, lo que introduce un elemento de incertidumbre hasta que se complete este paso crucial.
Mientras tanto, el cronograma para que las más de 49.000 empresas que deben cumplir con la CSRD a partir de enero de 2024 deben tener un proceso de recopilación de datos establecido en preparación para sus informes de cumplimiento de datos de 2024 en 2025. En enero de 2025, las grandes empresas deberán embarcarse en sus primeros informes CSRD, que abarcarán los datos de 2025 y los enviarán en 2026. Además, para enero de 2026, las pequeñas y medianas empresas (PYME) que cotizan en bolsa también estarán sujetas a los requisitos de cumplimiento de la CSRD, presentando informes sobre su desempeño de 2026 y 2027.
Fuentes
[1] https://www.cbi.eu/market-information/eu-green-deal-how-will-it-impact-my-business
[2] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/
[5]https://www.ibm.com/topics/csrd#:~:text=CSRD%20reporting%20must%20be%20audited,is%20optional%20for%20most%20businesses.&text=CSRD%20reports%20must%20cover%20sustainability,a%20focus%20on%20forward%20planning
[6] https://blog.worldfavor.com/csddd-vs-csrd-whats-the-difference
[8] https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071
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